Una de las preguntas más habituales y que a día de hoy sigue estando rodeada de incertidumbre es si las clases empezarán en septiembre como estaba previsto o si los famosos “rebrotes” han marcado un cambio de decisiones con respecto a la fecha de inicio del curso escolar 20/21.

Lo primero que es necesario explicar es que las competencias en materia de educación están cedidas a las CC.AA. y por ende, son éstas las que deben de tomar las decisiones sobre cómo deberá empezar el curso y bajo qué medidas sanitarias.

El Ministerio de Sanidad, y el Ministerio de Educación, confeccionaron un documento conjunto de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021.

Este grupo de medidas, al no tener rango normativo, son únicamente “recomendaciones” a tener en cuenta para poder iniciar el curso escolar con seguridad, y que se comunicaron a las CC.AA. para que éstas desarrollaran las normas necesarias, en su caso, para un inicio del curso escolar, “seguro, saludable y sostenible”. Entre esas recomendaciones se hacía hincapié en las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas y la creación de grupos burbuja o estables para evitar el contacto entre grupos y así, en caso de un “positivo” poder realizar una trazabilidad inmediata y aislar el referenciado grupo sin necesidad de perjudicar al resto de alumnos, y siempre con la obligación de garantizar la presencialidad del alumnado en la totalidad de las etapas educativas.

Esta presencialidad es vital, pues, los daños que sobre todo se crea a los más pequeños por la ausencia de la presencia en el aula, son irreparables y así lo han especificado, no solo el propio Ministerio de Sanidad en el documento de Medidas, sino numerosas organizaciones de pediatras e incluso UNICEF.

Otro problema añadido es que cada Comunidad Autónoma ha interpretado el documento de “Medidas”  referenciado de una manera diferente, lo que ha supuesto que en determinados aspectos la reapertura de las aulas sea distinta en una Comunidad u otra, y ello es lógico, ya que el documento elaborado por los Ministerios de Educación y Sanidad de manera conjunta no profundiza en muchos aspectos importantes a tener en cuenta , y deja una infinidad de dudas y detalles sin aclarar, siendo la CCAA las que han tenido que profundizar para “diseñar” la vuelta a las aulas.

Muchas de las medidas y protocolos que las CC.AA. han elaborado para “la vuelta al cole”, son escasos y en muchas ocasiones ni siquiera tienen rango normativo, lo que sin duda alguna ya genera una inseguridad jurídica manifiesta.

Solo algunas CC.AA. han elaborado normas, que han sido publicadas en su respectivo Boletín Oficial, y que permiten a los Centros y familias disponer de algo de seguridad jurídica, dentro del “caos normativo general” que está siendo la reapertura de las aulas.

Durante esos meses hemos visto cómo los Centros han tenido que elaborar los llamados “Planes de Contingencia”, de los que nos hemos referido en nuestro blog. Estos Planes de Contingencia son fundamentales para un inicio de curso seguro, sostenible y saludable, además de que nos proporcionan seguridad jurídica en caso de que tengamos que afrontar responsabilidades futuras como Centro Educativo, en ellos se detallan todas la medidas internas implementadas en el Centro y la obligación de cumplirlas para garantizar la seguridad del alumnado, docentes, personal administración y servicios, familias y el conjunto de la comunidad educativa.

A todo lo anterior se suma la complejidad de adaptar las medidas implementadas por cada CCAA a la infraestructura de cada Centro, a sus recursos y en definitiva, a su realidad, lo que sin duda alguna está suponiendo un reto para la comunidad educativa, y sobretodo para los Titulares de Centros Educativos, incluso, en algunas ocasiones las recomendaciones o en su caso las normas dictadas por la Comunidad Autónoma son de imposible cumplimiento para algunos Centros con determinada infraestructura.

Otro aspecto a tener en cuenta es qué va a ocurrir con la oferta educativa de los Centros, concretamente, con sus servicios complementarios, actividades complementarias y actividades extraescolares, en este aspecto la incertidumbre es total, servicios como el comedor escolar, o las actividades extraescolares deportivas no asociadas a un Club deportivo Federado, son temas que no se han desarrollado mas allá de los “tips” básicos de seguridad (distanciamiento, grupos estables y uso de mascarilla), lo que deja en total abandono normativo a los propios Centros y a las familias.

En definitiva, a día de hoy se garantiza la vuelta a las aulas de manera presencial en septiembre, por ahora, sin existir un “plan B”, independientemente de que esa vuelta al cole esté rodeada de inseguridad jurídica, incertidumbre y solo conociendo la “teoría”, que veremos si es posible y útil, cuando la llevemos a la práctica.

Ante cualquier duda contacta con nuestro Bufete de Muñoz Abogado Edulaw, especializado en Derecho Educativo.