En la década de los años 90 del siglo pasado, con las distintas reformas educativas, algunas administraciones autonómicas comenzaron a promover la implantación de la denominada jornada continua (una demanda laboral del profesorado), primero en centros de Educación Secundaria y, posteriormente, en Educación Infantil y Primaria, sobre todo, en centros públicos. 

Los escasos informes existentes desde el mundo científico, concluyen, la mayoría de ellos, señalando la relación entre la jornada escolar continua y el empeoramiento académico de los alumnos. Incluso un estudio del año 2017, realizado en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, pone de manifiesto que la jornada continua no supone una mejora, sino el empeoramiento de los males endémicos del sistema educativo, poco motivador y poco compensador de desigualdades. 

A los problemas estrictamente pedagógicos, deben añadirse los que conciernen a la conciliación de vida familiar y laboral de las familias, junto con los patentes problemas de carácter organizativo para los centros educativos, del mismo modo que su necesaria distribución de los tiempos escolares y las diversas actividades y servicios.

En la Comunidad Valenciana y en el ámbito de la enseñanza privada concertada, la iniciativa para implantar la jornada continua corresponde, con exclusividad, a las Entidades Titulares de los centros y de conformidad con el derecho a la creación de centros docentes y, a dirigirlos, consagrado en la Constitución Española de 1978 y Jurisprudencia Constitucional en la materia.

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