De conformidad con lo ya recogido en entradas anteriores, el Plan de Igualdad es el instrumento legal, a través del cual una empresa se compromete a definir una serie de objetivos, ordenados en un conjunto de medidas de obligado cumplimiento y periódicamente evaluables, que tendrán por finalidad ulterior la remoción de cuantos obstáculos pudieren impedir o dificultar, en el día a día, el cumplimiento del principio de la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Como expertos en Derecho Educativo, somos conscientes de que, en líneas generales, los centros educativos están plenamente comprometidos con hacer valer el principio de Igualdad, desprendiéndose esta afirmación tanto de la educación impartida por el personal del centro educativo al alumnado como del ambiente que se respira, en el día a día, en las relaciones existentes entre los distintos miembros de la plantilla integrante de los centros, y ello en tanto que, precisamente, dicho principio opera como manifestación del Ideario y del Carácter Propio de cada centro educativo. No obstante, contar con un Plan de Igualdad permite a los centros educativos reforzar ese compromiso inicial con el cumplimiento del principio de Igualdad y avanzar en áreas determinadas, por lo que, desde el Despacho, os animamos a todos los centros educativos a valeros de los Planes de Igualdad como herramienta de trabajo, una vez acatada la exigencia legal de elaboración.

Sin embargo la adopción de medidas concretas por parte de las empresas contra la violencia de género no es tan frecuente, y ello por la sencilla razón de que las personas víctimas de violencia de género, en la mayoría de ocasiones, suelen evitar trasladar su condición de víctima al ámbito laboral, relegándola al ámbito personal y familiar.

Ante esta realidad se hace necesario que las empresas, en general, y los centros educativos, en particular, incluyan en sus Planes de Igualdad medidas específicas, dirigidas a paliar o mitigar los efectos devastadores que la violencia de género podría llegar a tener en las mujeres que conforman su plantilla. Dos medidas a tener en cuenta, a tales efectos, son las siguientes:

La primera, “promover el rechazo absoluto contra la violencia de género, y ello mediante la organización, por parte del centro educativo, de actividades específicas de sensibilización en materia de Igualdad y en contra de la violencia de género”.

La segunda medida, “Difundir el alcance de los derechos específicos que tienen las mujeres víctimas de violencia de género”, tales como a) el derecho a la información, b) el derecho a la asistencia social integral, c) el derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada, d) los derechos laborales, e) los derechos en materias de cotización y prestaciones de la Seguridad Social, f) los derechos económicos y los derechos análogos a los de las víctimas de Delito; así como “los requisitos que es necesario reunir para acreditar la situación de violencia de género y poder accionar, en consecuencia, la protección conferida por dichos derechos”: existencia de a) sentencia condenatoria, por un delito de violencia de género, b) una orden de protección o cualquier otra resolución que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, c) Informe del Ministerio Fiscal, en el que se recoja la existencia de indicios de violencia de género y d)  Informes de Servicios Sociales o de Servicios Especializados, entre otros.

Acciones como las arriba descritas no son complejas, en lo que a su ejecución respecta, y resultarán de gran ayuda a aquellas mujeres que pudieren detentar, actualmente o en algún momento futuro, la condición de víctimas de violencia de género, ya que la información sobre la condición de víctima y sobre los mecanismos legalmente puestos a disposición de la misma, junto con el apoyo recibido por la empresa, podrían ser determinantes para que, llegado el momento, la mujer reconozca qué está sucediendo, sea capaz de poner fin a la relación violenta y emprenda, poco a poco, la recuperación de su proyecto de vida.

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