A partir de 2025, previsiblemente, todos los centros educativos deberán adaptarse a un sistema de registro horario que cumpla con los requisitos de trazabilidad, inalterabilidad y accesibilidad establecidos por la normativa laboral española. La transformación del control horario en el sector educativo ya no es una opción, sino una obligación legal que requiere una implementación rigurosa y adaptada a las particularidades del entorno escolar.
En Muñoz Abogados Edulaw, ofrecemos un servicio integral de implantación y gestión del registro horario en centros educativos, diseñado específicamente para dar respuesta a los desafíos que plantea esta nueva exigencia legal.
Computar la jornada y realizar el registro horario de forma correcta en un centro educativo es un reto mucho más complejo de lo que parece. Nuestro servicio aborda esa complejidad con un doble enfoque: conocimiento jurídico especializado y capacidad de gestión externa. Nuestros abogados laboralistas interpretan y actualizan la normativa sobre la jornada para que cada registro sea válido y trazable; al mismo tiempo, nuestro equipo operativo puede asumir la gestión diaria del control horario, liberando recursos internos y garantizando que todo el proceso se ejecute con la máxima seguridad.
Registramos, supervisamos y auditamos cada jornada en tu nombre, entregando informes listos para inspección y ofreciendo tranquilidad absoluta a la dirección y a los titulares.
En definitiva, convertimos un área de alto riesgo en una ventaja competitiva: evitamos sanciones, aportamos datos fiables para la toma de decisiones y damos cobertura jurídica.
Además, trabajamos con herramientas tecnológicas que garantizan la inalterabilidad del registro, protegen los datos personales , y permiten una gestión eficiente del día a día del centro.
Confía en una asesoría legal especializada en educación
Aunque la norma definitiva aún está en preparación, todo indica que en 2026 será obligatorio contar con un sistema digital que sustituya definitivamente al registro manual. Las sanciones por incumplimiento pueden oscilar entre los 1.000 y los 10.000 euros por trabajador, y las inspecciones serán cada vez más rigurosas. Adaptarse con antelación permite planificar, formar al personal y evitar errores que podrían traducirse en sanciones o conflictos laborales.
Con más de 40 años acompañando a centros educativos de toda España, en Muñoz Abogados somos referentes en derecho educativo y en la implantación de soluciones jurídicas adaptadas al contexto educativo. Nuestro equipo combina conocimiento normativo, experiencia en gestión de personal y capacidad tecnológica para ofrecer un servicio completo, fiable y actualizado. Contáctanos y te ayudaremos a cumplir con la normativa sin complicaciones.