Mediante el juego de citados preceptos, en que se proclama la libertad de enseñanza y de creación de centros educativos es como puede satisfacerse ese otro derecho fundamental, recogido en el Artículo 27.3, que tienen los padres a que se dé a sus hijos una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones; y es precisamente que en función de este derecho, fundamental donde encuentra justificación el derecho que tienen los centros privados a establecer un ideario educativo que ha de ser siempre compatible con el ideario educativo de la Constitución que, según artículo 27-2, es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Y con arreglo a diversos tratados, acuerdos y Declaraciones internacionales que, según los Artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución, deben utilizarse para interpretar el derecho fundamental del Artículo 27.3 de nuestra Constitución, al que también ellos hacen referencia, este derecho de los padres se proyecta directa y preferentemente sobre el ámbito de la educación más que sobre el de la enseñanza, es decir, la comunicación de unas convicciones morales, filosóficas y religiosas conforme con una determinada ideología prima sobre la transmisión del conocimiento científico; por eso nuestra Constitución (Artículo 27-3) habla de formación religiosa y moral, el Artículo 263 de la Declaración Universal de 1948 se refiere a la elección del tipo de educación, los Pactos internacionales de 1966 de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos sociales y culturales, en sus Artículos 18.4 y 13.3, respectivamente, hablan de «educación religiosa y/o moral» expresión que aparece también en el Artículo 5.1-b) de la Convención para no discriminación en la enseñanza de 1960;

Que de la lectura del Artículo 27, y los con él conexos, de la Constitución, así como de la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, en especial en la sentencia de 13 de febrero de 1981, puede deducirse, con meridiana claridad, que la libertad de enseñanza que explícitamente reconoce nuestra constitución (Artículo 27-1) puede ser entendida como una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones que también garantizan y protegen otros preceptos constitucionales (especialmente los Artículos 16.1 y 20.1.a) conexión que queda claramente establecida en el Artículo 9 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales -firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950-, en conformidad con el cual hay que interpretar nuestra Constitución, según dispone su Artículo 10.2;

La libertad de enseñanza implica el derecho a crear instituciones educativas (Artículo 27.6) y el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos (Artículo 27,3); 

Ese derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que los hijos han de recibir, consagrada en el Artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho de elegir centros docentes y aparece reconocido en el Artículo 13.3 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, en el 18.4 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, en el 26.3 de la Declaración Universal de derechos humanos y en el Artículo 2 del Protocolo de la Convención europea de 1960, aunque también es obvio -como se dice en el fundamento 8 de la sentencia del Tribunal Constitucional ya mencionada- «que la elección del centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral» y, por tanto, creemos que no hay duda alguna que este derecho de libre elección del centro forma parte del núcleo o contenido esencial del derecho de educación, dado, además, que en un sistema público basado en el pluralismo y la confesionalidad del Estado, los centros docentes del Estado han de ser ideológicamente neutrales;

Según el Artículo 27 de la Constitución nuestro sistema educativo está compuesto por centros escolares creados por los poderes públicos y centros escolares privados, siendo ambas instituciones escolares convergentes y complementarias entre sí, cual ha declarado con reiteración el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y entre dichos centros hay muchos terrenos comunes, como indica la Constitución en los párrafos 2, 5, 8, 7 y 9 del Artículo 27, relativos los dos últimos a la ayuda o sostenimiento financiero concedido a centros docentes privados por los poderes públicos.(STC. 3 OCTUBRE 1991).

El Estado debe garantizar estos Derechos Fundamentales, removiendo los obstáculos que impidan su ejercicio, tal y como señala nuestra Constitución, y ello tanto para las familias que elijan, libremente, un centro privado, sea concertado o no como un centro público.